Vacunas abandonadas

Por Miguel Núñez

Hasta que Néstor Kirchner llegó al gobierno en mayo de 2003 el calendario argentino contaba con 8 vacunas. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy la Argentina tiene un calendario de 20 vacunas obligatorias y gratuitas, superando a la mayoría de los países del mundo.

En 2012 la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, expresó en una carta que “la introducción en los últimos tres años de nuevas vacunas en el calendario, como la de influenza, neumococo y papilomavirus humano (HPV), así como hepatitis B para todos los adultos mayores de 20 años, sitúa al calendario vacunal de Argentina como uno de los más completos y avanzados de la región”.

La comparación con otros países es difícil. Hay sistemas como en Europa donde se recomienda un calendario de vacunación pero no se provee gratuitamente o no es obligatorio. Pero a medida que se amplió el calendario de vacunación el descenso en las enfermedades es notorio.

“En la Argentina, el último caso de polio es de 1984, el de sarampión es de 2000, el de difteria es de 2006, el último grave de tétanos neonatal es de 2007 y el de rubéola es de 2009. Además, desde 2005 bajó más de un 90% la incidencia de hepatitis A, y ya no hay trasplantes de hígados vinculados con esta enfermedad”, explicó entonces la directora del Programa Nacional de Inmunizaciones entre 2007 y 2016, y actual Secretaria de Acceso a la Salud argentina, Carla Vizzotti.

Las organizaciones médicas y científicas concuerdan en que, luego de la potabilización del agua, la vacunación es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad.

En mayo de 2017, mientras diversas organizaciones profesionales y gremiales denunciaban la falta de vacunas en el país, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Paula Urroz, que llegó al congreso de la mano de Patricia Bullrich, presentó un proyecto de ley sobre “Consentimiento Informado en Materia de Vacunación”, mediante el cual se terminaría con la obligatoriedad de la vacunación a menores de edad.

De haberse aprobado esta iniciativa, se hubiera habilitado a los responsables de los niños a rechazar la aplicación de vacunas que en la actualidad son obligatorias y que se proporcionan de manera gratuita en centros de salud públicos.

El hallazgo de cuatro millones de dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución por un costo total de 1.400 millones de pesos en el día de hoy, no es desidia ni falta de gestión, es parte de un plan que se llevó adelante durante los cuatro años de gestión macrista al frente del Estado argentino para compensar las pérdidas econó- micas que tuvo el sector privados durante los doce años anteriores, aún a costa de atentar contra el derecho de la población al acceso a la salud.

El paso por el gobierno de la alianza PRO-UCR-ARI en Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri dejo casi 20 millones de argentinos subalimentados, el 40 por ciento de la población en situación de pobreza y, como consecuencia de una política sanitaria orientada a los negociados privados, que incluyó la sub-ejecución de las partidas, la disminución en la compra da vacunas y medicamentos, y hasta la degradación del ministerio de Salud, significó la reaparición de enfermedades ya erradicadas o con un muy bajo nivel de incidencia, como el sarampión, la sífilis y la rubéola.

En diciembre de 2018 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, un proyecto elaborado por Pablo Yedlin, un médico pediatra y diputado nacional peronista por Tucumán.

La nueva norma que reemplazó la Ley 22.909 de 1983 que actualizó la regulación y le otorgó al Estado nacional la responsabilidad de mantener actualizado el Calendario Nacional de Vacunación para promover su efectivo cumplimiento, recién entró efectivamente en vigencia en enero de este año, cuando ya había asumido el gobierno del presidente Alberto Fernández y Ginés González García se había hecho cargo del restablecido ministerio de Salud.

Hasta ahora las vacunas eran obligatorias solo para los niños y en la legislación anterior no estaban incluidas las 20 vacunas que actualmente contempla el Calendario Nacional. Esta ley no sólo refrenda los principios de obligatoriedad y la gratuidad, sino que además las extiende también a los adultos.

La ley establece la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva a la que considera un bien social, no sólo sujeta a los principios de gratuidad con equidad social para todas las etapas de la vida, y de obligatoriedad para todos los habitantes, sino que además determina la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular.

Las vacunas salvan la vida de entre dos y tres millones de chicos por año en el mundo. Sin embargo, el rumbo que tomó el sistema de salud durante la gestión de la alianza Cambiemos macrista fue el desguazar los programas vinculados con la prevención, como las campañas de vacunación obligatorias y gratuitas.

Como en todos los órdenes de su accionar político, el macrismo entiende la salud pública como una mercancía, de la cual se pueden obtener enormes ganancias. Su negocio fue la enfermedad, no la prevención. Dejar las vacunas abandonadas en un frigorífico.