Por Felipe Celesia y Pablo Waisberg Autores de “La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina” |
La carrera judicial del fallecido fiscal Alberto Nisman pegó un salto
con la investigación sobre las desapariciones de dos militantes del MTP
que en 1989 asaltaron el cuartel de La Tablada. Su tarea, solicitada
especialmente por el juez Gerardo Larrambebere, convalidó la versión
del Ejército: Iván Ruíz y José Díaz habían logrado escapar desarmados y
heridos, después de combatir durante ocho horas, de un cuartel rodeado
de policías y militares.
La carrera judicial del fallecido fiscal
Alberto Nisman comenzó a pisar sobre firme con la investigación sobre
las desapariciones de dos militantes del Movimiento Todos por la Patria
(MTP), que el 23 de enero de 1989 asaltaron el Regimiento de Infantería
Mecanizada 3, en La Tablada. Su tarea, solicitada especialmente por el
juez Gerardo Larrambebere, convalidó la versión del Ejército: Iván Ruíz
y José Díaz habían logrado escapar desarmados y heridos, después de
combatir durante ocho horas, de un cuartel rodeado de policías y
militares.
Nisman trabajaba en el
Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de Morón, a cargo de
Larrambebere, cuando se produjo el asalto. La investigación les
correspondía a ellos. Nisman llevaba otros temas en el juzgado pero
Larrambebere se quedó impresionado por algunos de sus escritos y lo sumó
al equipo que tuvo en sus manos la causa políticamente más delicada de
aquel momento.
Uno de los temas que le encargó fue investigar la desaparición de Ruíz y
Díaz. Los dos militantes habían logrado salir de la Guardia de
Prevención el 23 de enero por la tarde, después de combatir desde las
seis de la mañana hasta pasado el mediodía. Saltaron por una ventana
cuando el techo se desplomaba por el fuego que consumía la estructura e
inmediatamente los detuvieron los comandos del Ejército que participaban
de la recuperación del cuartel, que terminó con 39 muertos –entre
civiles, policías y militares- y cuatro asaltantes desaparecidos.
De ese momento existe una serie fotográfica, que tomó Eduardo Longoni (ver nota),
donde aparecen los guerrilleros saltando por la ventana, uno de ellos
visiblemente herido. Ambos estaban desarmados y fueron llevados hacia
los fondos del cuartel por dos o tres militares. Todo eso se ve en las
fotos tomadas por Longoni y publicadas en los diarios de la época.
Con los testimonios de los militares -Larrambebere constituyó el
juzgado en el cuartel y le tomó declaración a todos los uniformados-,
Nisman empezó a reconstruir el destino de Ruiz y Díaz: el teniente
Carlos Alberto Naselli se los entregó al cabo primero Hugo Stegmann; que
los dejó a cargo del mayor Jorge Varando; quien los derivó en custodia
al sargento ayudante Ricardo Esquivel. Pero Esquivel murió en la
batalla.
La versión militar completa sostenía que Ruiz y Díaz se habían fugado y
sugería incluso que eran los responsables del balazo en la cabeza que
había recibido el santafesino Esquivel. Nisman dio por válida esa
versión que habían evaluado en el juzgado, elaboró el escrito, lo firmó y
se lo llevó a Larrambebere para que sumara su firma. En esa misma
resolución dictaron la captura internacional de los dos guerrilleros,
que estuvo vigente hasta 1997, incluso cuando en el registro final de
sus vidas se los veía postrados y desarmados ante un militar con un
fusil en la mano.
El juez y sus colaboradores evaluaron que no había alternativa de
“prosecución” de la investigación y que si se seguía adelante era parte
de una “convicción” personal pero que no había pruebas.
—¿Entendieron o sintieron que los militares les habían mentido?- le
preguntamos en 2013 a un integrante del equipo que analizó el tema
durante la investigación para La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina.
—En ese momento, no tanto; bastante después, sí, como que en definitiva
a esos tipos los habían sacado del cuartel con vida. Estaban los que
opinaban que evidentemente los sacaron y los mataron, y los que no
creían para nada en eso. Algunos decían que en el fragor del combate,
cotejando con otras declaraciones que los militares habían hecho con
anterioridad, más o menos cerraba que hubieran muerto en combate. No te
digo cincuenta y cincuenta, pero legalmente se llegaba a ese punto. La
duda pasaba por un tema de convicción, pero no basado en prueba del
expediente.
Quince años después, el sargento retirado del Ejército José Almada (ver notas acá y acá)
presentó ante la Justicia una carta que envió al general de brigada Juan
Carlos Willington después del asalto. En la misiva, el sargento precisó
que durante el recupero de La Tablada fue testigo de las “brutales”
torturas a Ruiz y Díaz a manos de dos oficiales de inteligencia. Almada
también aseguró haber visto como Iván y José eran introducidos en un
Ford Falcon y sacados del predio por gente de civil, cerca de las tres
de la tarde del 23 de enero.
Nisman también investigó las torturas a las que fueron sometidos los
trece militantes del MTP que sobrevivieron al asalto en la oficina de
Logística, ubicada en los fondos del cuartel. Los guerrilleros
denunciaron que fueron golpeados, quemados, vejados, y que se realizaron
al menos dos ejecuciones sumarias: las de Berta Calvo y Pablo Ramos.
También, que se llevaron con vida a Francisco Provenzano y Carlos
Samojedny, aún desaparecidos.
En su evaluación de la denuncia, Nisman desestimó las acusaciones por
carecer de “sustento fáctico suficiente” y fundamentó: Juan Carlos
Abella fue revisado por médicos legistas cuatro veces, sin que se
encontraran heridas; Miguel Faldutti, que denunció haber sido drogado,
no tenía rastros de sustancias en la sangre; Dora Molina y Manuel Burgos
no habían podido reconocer a sus agresores y Daniel Gabioud no tenía
las lesiones que dijo tener.
Con esta sutil mezcla entre que no se podía probar y que no era cierto,
el Juzgado Federal 1 de Morón, y sus integrantes, cerraron la vía
judicial para investigar y castigar los excesos militares cometidos en
el cuartel durante un gobierno democrático. Ruiz, Díaz, Samojedny y
Provenzano se convirtieron en los primeros desaparecidos políticos tras
el final de la última dictadura.
Veinticinco años después, la procuradora Alejandra Gils Carbó, estimó
ante un pedido de los familiares de los desaparecidos, que la Justicia
argentina no había extremado sus esfuerzos para investigar las
violaciones a los derechos humanos en La Tablada y consideró que debía
reabrirse el expediente. Pocos meses después, en la última acordada del
año, la Corte Suprema de Justicia (con la excepción de Lorenzetti y Fayt) ratificó este criterio haciendo suyos
los fundamentos e instó al aparato judicial a que avance para determinar
qué ocurrió con estos cuatro desaparecidos cuyo paradero, y destino, la
democracia tiene pendiente.
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