martes, 17 de febrero de 2015

Nisman y los desaparecidos de La Tablada

Por Felipe Celesia y Pablo Waisberg
Autores de “La Tablada. A vencer o morir.
La última batalla de la guerrilla argentina”
La carrera judicial del fallecido fiscal Alberto Nisman pegó un salto con la investigación sobre las desapariciones de dos militantes del MTP que en 1989 asaltaron el cuartel de La Tablada. Su tarea, solicitada especialmente por el juez Gerardo Larrambebere, convalidó la versión del Ejército: Iván Ruíz y José Díaz habían logrado escapar desarmados y heridos, después de combatir durante ocho horas, de un cuartel rodeado de policías y militares.

La carrera judicial del fallecido fiscal Alberto Nisman comenzó a pisar sobre firme con la investigación sobre las desapariciones de dos militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), que el 23 de enero de 1989 asaltaron el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La Tablada. Su tarea, solicitada especialmente por el juez Gerardo Larrambebere,  convalidó la versión del Ejército: Iván Ruíz y José Díaz habían logrado escapar desarmados y heridos, después de combatir durante ocho horas, de un cuartel rodeado de policías y militares.
 
Nisman trabajaba en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de Morón, a cargo de Larrambebere, cuando se produjo el asalto. La investigación les correspondía a ellos. Nisman llevaba otros temas en el juzgado pero Larrambebere se quedó impresionado por algunos de sus escritos y lo sumó al equipo que tuvo en sus manos la causa políticamente más delicada de aquel momento.
 
Uno de los temas que le encargó fue investigar la desaparición de Ruíz y Díaz. Los dos militantes habían logrado salir de la Guardia de Prevención el 23 de enero por la tarde, después de combatir desde las seis de la mañana hasta pasado el mediodía. Saltaron por una ventana cuando el techo se desplomaba por el fuego que consumía la estructura e inmediatamente los detuvieron los comandos del Ejército que participaban de la recuperación del cuartel, que terminó con 39 muertos –entre civiles, policías y militares- y cuatro asaltantes desaparecidos.


De ese momento existe una serie fotográfica, que tomó Eduardo Longoni (ver nota), donde aparecen los guerrilleros saltando por la ventana, uno de ellos visiblemente herido. Ambos estaban desarmados y fueron llevados hacia los fondos del cuartel por dos o tres militares. Todo eso se ve en las fotos tomadas por Longoni y publicadas en los diarios de la época.

Con los testimonios de los militares -Larrambebere constituyó el juzgado en el cuartel y le tomó declaración a todos los uniformados-, Nisman empezó a reconstruir el destino de Ruiz y Díaz: el teniente Carlos Alberto Naselli se los entregó al cabo primero Hugo Stegmann; que los dejó a cargo del mayor Jorge Varando; quien los derivó en custodia al sargento ayudante Ricardo Esquivel. Pero Esquivel murió en la batalla.

La versión militar completa sostenía que Ruiz y Díaz se habían fugado y sugería incluso que eran los responsables del balazo en la cabeza que había recibido el santafesino Esquivel. Nisman dio por válida esa versión que habían evaluado en el juzgado, elaboró el escrito, lo firmó y se lo llevó a Larrambebere para que sumara su firma. En esa misma resolución dictaron la captura internacional de los dos guerrilleros, que estuvo vigente hasta 1997, incluso cuando en el registro final de sus vidas se los veía postrados y desarmados ante un militar con un fusil en la mano.

El juez y sus colaboradores evaluaron que no había alternativa de “prosecución” de la investigación y que si se seguía adelante era parte de una “convicción” personal pero que no había pruebas.
 
—¿Entendieron o sintieron que los militares les habían mentido?- le preguntamos en 2013 a un integrante del equipo que analizó el tema durante la investigación para La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina.
 
—En ese momento, no tanto; bastante después, sí, como que en definitiva a esos tipos los habían sacado del cuartel con vida. Estaban los que opinaban que evidentemente los sacaron y los mataron, y los que no creían para nada en eso. Algunos decían que en el fragor del combate, cotejando con otras declaraciones que los militares habían hecho con anterioridad, más o menos cerraba que hubieran muerto en combate. No te digo cincuenta y cincuenta, pero legalmente se llegaba a ese punto. La duda pasaba por un tema de convicción, pero no basado en prueba del expediente.
 
Quince años después, el sargento retirado del Ejército José Almada (ver notas acá y acá) presentó ante la Justicia una carta que envió al general de brigada Juan Carlos Willington después del asalto. En la misiva, el sargento precisó que durante el recupero de La Tablada fue testigo de las “brutales” torturas a Ruiz y Díaz a manos de dos oficiales de inteligencia. Almada también aseguró haber visto como Iván y José eran introducidos en un Ford Falcon y sacados del predio por gente de civil, cerca de las tres de la tarde del 23 de enero.
 
Nisman también investigó las torturas a las que fueron sometidos los trece militantes del MTP que sobrevivieron al asalto en la oficina de Logística, ubicada en los fondos del cuartel. Los guerrilleros denunciaron que fueron golpeados, quemados, vejados, y que se realizaron al menos dos ejecuciones sumarias: las de Berta Calvo y Pablo Ramos. También, que se llevaron con vida a Francisco Provenzano y Carlos Samojedny, aún desaparecidos.
 
En su evaluación de la denuncia, Nisman desestimó las acusaciones por carecer de “sustento fáctico suficiente” y fundamentó: Juan Carlos Abella fue revisado por médicos legistas cuatro veces, sin que se encontraran heridas; Miguel Faldutti, que denunció haber sido drogado, no tenía rastros de sustancias en la sangre; Dora Molina y Manuel Burgos no habían podido reconocer a sus agresores y Daniel Gabioud no tenía las lesiones que dijo tener.
 
Con esta sutil mezcla entre que no se podía probar y que no era cierto, el Juzgado Federal 1 de Morón, y sus integrantes, cerraron la vía judicial para investigar y castigar los excesos militares cometidos en el cuartel durante un gobierno democrático. Ruiz, Díaz, Samojedny y Provenzano se convirtieron en los primeros desaparecidos políticos tras el final de la última dictadura.

Veinticinco años después, la procuradora Alejandra Gils Carbó, estimó ante un pedido de los familiares de los desaparecidos, que la Justicia argentina no había extremado sus esfuerzos para investigar las violaciones a los derechos humanos en La Tablada y consideró que debía reabrirse el expediente. Pocos meses después, en la última acordada del año, la Corte Suprema de Justicia (con la excepción de Lorenzetti y Fayt) ratificó este criterio haciendo suyos los fundamentos e instó al aparato judicial a que avance para determinar qué ocurrió con estos cuatro desaparecidos cuyo paradero, y destino, la democracia tiene pendiente.






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