Conociendo al fiscal Pleé

"Hacer de un limón una limonada", la desgraciada muerte de un controversial fiscal nacido para muchos el 14 de enero de 2015 (en ocasión de la denuncia contra la Presidenta) y fallecido cinco días después, trae algunas cosas positivas.

Una de ellas es poder ponerle cara a algunos miembros de la corporación Judicial, esos hasta ahora casi desconocidos (salvo por los nombres o por que perciben salarios que rondan los 50 mil pesos y que a pesar de ello no tributan Ganancias... y esas cosas).

A Raúl Pleé (el del círculo) lo recuerdo por una causa que lo emparenta (no de la mejor manera) con Nisman: los desaparecidos del copamiento de La Tablada.

Se trata de Carlos Samojedny, José Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Provenzano.

Esa operación en la que también estuvo involucrada la SIDE, y algunos de sus agentes participaron directamente de la "recuperación" al mando de Alejandro Brousson, en ese momento camarada/compinche de Stiusso, con quien tiempo después se enfrentó, y perdió.

Esos agentes estaban de civil, y algunas versiones de los sobrevivientes afirman que era Brousson el que fusil en mano caminaba sobre los detenidos tendidos en el piso, fusil en mano al grito de "yo soy Dios".

Tal vez ese "Dios" perverso haya sido quien decidió sobre la vida de alguno de los cuatro. El tema es que en la mañana del 24 de enero de 1989 los cuerpos mutilados, humeantes, irreconocibles, fueron expuestos a la prensa luego de que Alfonsín, como Comandante en Jefe recorriera las instalaciones del Cuartel. La escena dantesca no se condescendía con los dichos del Jefe de la Policía Federal, Juan Angel Pirker: “yo los sacaba con gases lacrimógenos” o por la sospecha desprendida de las imágenes de haber usado proyectiles de fósforo blanco.

La cuestión es que en aquel momento varios familiares no pudieron reconocer los cuerpos. El juez Gerardo Larrambebere (jefe de Nisman en esa causa) dejó los cadáveres sin nombre en la morgue.

En febrero del 89, los forenses pidieron autorización para “depostar” los cuerpos (quitarles las partes blandas),se sospecha que para borrar los vestigios del fósforo, el juez dio el visto bueno. Descuartizados, fueron enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita.

Recién en diciembre de 1997 se autorizó la exhumación. Las pruebas de ADN concluyeron en el año 2000. Así, los cuerpos de Carlos Alberto Burgos e Iván Ruiz, once años después fueron identificados.

Poco antes de la identificación ambos tenían pedido de captura internacional, y acá es donde aparece Raúl Pleé: ante los reclamos a lo largo de esos años por parte de Martha Fernández (abogada y viuda de Burgos) el fiscal le dijo, ateniéndose a la versión fabricada, "hubo gente que salió del cuartel, y que mi compañero (por Burgos) podía haberse ido y no querido comunicarse conmigo".

Cabe destacar que organismos de derechos humanos denunciaron por esta causa a Pleé por reunir evidencias y aceptar testimonios obtenidos merced a torturas a las que fueron sometidos los militantes detenidos, como así también por pasar por alto las denuncias sobre torturas y ejecuciones sumarias concretadas por militares cuando el intento de copamiento ya había sido rechazado.

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Pleé también fue denunciado en 2013 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y por Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los imputados por encubrimiento de la voladura de la AMIA, que deberían ir a juicio oral y público este año.

Para el CELS el fiscal "sin explicación, dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”.

Por su parte, Memoria Activa había señalado que la “ausencia” de los fiscales parecía “intencional” en el devenir de la causa.

A pesar de sus dilaciones, el jucio por el encubrimiento de la voladura de la AMIA comenzará en la segunda mitad del presente año.

Los acusados: Juan José Galeano, Hugo Alfredo Anzorreguy, Eamon Müllen, José Carlos Barbaccia, Carlos Alberto Telleldín, Ana María Bogarín, Víctor Stinfale, Rubén Beraja, Patricio Finnen, Carlos Menem, José Alberto "el Fino" Palacios, Juan Carlos Anchézar y Carlos Antonio Castañeda.

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En 2006 el ex procurador Esteban Righi designó como fiscal general de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin) a Raúl Pleé.

En 2012, Gils Carbó reemplaza la Unidad por la la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a cargo del fiscal Carlos Gonella.

Pleé, en su gestión solicitó el embargo de 300.000 pesos en bonos, tres vehículos y un inmueble y secuestró 120.000 dólares.

Gonella en un lago menos de un año pidió el embargo de 187 millones de pesos y secuestró 3,3 millones

La Ufilavdin obtuvo dos medidas cautelares y la Procelac 257. Pleé solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía, Gonella de ninguna. 

La estádistica parece confirmar la supuesta permeabilidad de Pleé frente al lobby de consultoras y estudios jurídicos encargados de asesorar y representar a grandes corporaciones en temas de lavado.

El vínculo más llamativo es el que mantiene con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, que hoy se desempeña como asesor de empresas en cuestiones de lavado (entre otras, el Grupo Clarín).

La hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo y se muestran juntos en charlas, congresos y eventos públicos.