El
Sistema de Boleto Único Electrónico (SUBE) es algo más que una tarjeta nacida para paliar la escaséz de monedas y voltearle el negocio a los pícaros que se aprovechan de las necesidades de los usuarios de colectivos.
Esta tarjeta de alguna manera boicoteada por los metrodelegados y por parte de los trabajadores de subte, que si no fuera por que bastardean el derecho inalienable al reclamo gremial, ocuparía el puesto de la protesta más desopilante de la década; resume la coordinación de múltiples (y a veces opuestos) intereses en juego.
Luego de las demoras lógicas que son propias de los grandes cambios, todas las líneas de colectivos (y subtes) que circulan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires tienen su lectora, que a diferencia de las máquinas expendedoras que fueron pagadas íntegramente por las empresas de colectivos, esta vez fué el Estado el que corrió con todos los gastos.
Bien sabemos que las tarifas de transporte están subsidiadas, y las empresas para obtener dicho subsidio presentaban una declaración jurada indicando la cantidad de pasajes, de servicios y de gasoil.
Ahora, cada vez que un pasajero pasa su tarjeta por una validadora de cualquier colectivo o por el molinete del subte, automáticamente, la central operativa que está a cargo de la empresa Nación Servicios, del Banco de la Nación Argentina, recibe toda la información. Desde el valor del pasaje, el medio de transporte, etc.. Esta información sirve para que a las 24 horas cada empresa reciba el monto del subsidio que cubre la diferencia entre lo que sale el boleto al público y lo que vale para las empresas. A las cinco de la mañana, cada una tiene depositado el dinero en su cuenta.
La información generada en el sistema es fundamental para optimizar subsidios, pero también para diseñar políticas en materia de transporte a partir de los saberes que el sistema arroje. No sólo se barajan ideas de índole tarifaria.
Una preocupación oficial es el hecho de que el sistema de subsidios tal como estaba hasta ahora beneficiaba a algunos más que a otros.
Schiavi suele citar siempre el mismo ejemplo: “Si una persona vive en San Isidro, tarda media hora para llegar a Retiro en tren y paga 0,80 centavos. En general viaja bien, con aire acondicionado, etc. Sin embargo, hay otro argentino que vive en Laferrere y toma cuatro medios: colectivo, tren, subte, otro colectivo. Gasta más de ocho pesos, tarda dos horas y tiene el mismo sistema de subsidios. O sea que el Estado aplica una vara falsa ya que trabaja sobre la masividad”, critica el secretario. “Estamos subsidiando en demasía a algunas personas y siendo injustos con otras”, asegura.
Por eso se habla de “integración tarifaria”. La cuestión aún no está definida y nadie da demasiadas precisiones, pero los técnicos del Gobierno que trabajan en ello tienen varias posibilidades entre manos. Que van desde cobrar un solo pasaje a quienes usan a diario más de un transporte hasta subsidiarle la vuelta.
Otras opciones firmes son las tarifas diferenciadas para beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar, por ejemplo, con un simple cruce entre las bases de datos del Sube y la Anses. “Se puede pensar en bonificar cierta cantidad de viajes a alguien que depende de un plan social, y seguir subsidiando la demanda y no la oferta”, se ilusionan en la cartera de Schiavi.
El plan no termina ahí, tiene una arista más: la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual se pondrá en marcha el
Plan de Renovación de la Flota de Colectivos Metropolitanos. Los nuevos colectivos de industria nacional producidos en el marco de dicho plan tendrán un alto nivel tecnológico, todos cuentan con pisos bajos con rampas para el acceso de discapacitados. Están equipados con máquinas expendedoras SUBE, pantallas LCD y asientos ergonómicos, caja automática, limitador de velocidad, motor trasero y suspensión neumática.
Para animar a los empresarios a salir a comprar estas unidades nuevas u otras usadas, de no más de 10 años de antigüedad, se ha previsto una línea de crédito especial, con una financiación con una tasa de interés de 6 puntos porcentuales por debajo del 15 que se otorga al público. Aunque, para acceder a esa tasa deberán renovarse, como mínimo, cinco unidades. Según explican en la Secretaría, “para que el cambio sea sustancial”.
Así vemos que el SUBE es bastante más que una tarjeta para beneficiar a los 4 millones y medio de usuarios diarios de transporte público. Se trata de una herramienta mucho más completa y compleja que generará (entre otras cosas) unos 5.000 puestos de trabajo de manera indirecta.
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